La economía argentina se halla en recesión desde la Crisis Financiera de Rusia, en 1998. El problema se agravó en el primer trimestre de 1999 con la devaluación de Brasil. A fines de 2001 se declaró la moratoria de la deuda y en los primeros días de 2002 se abandonó el régimen de convertibilidad monetaria que por once años mantuvo fijo el tipo de cambio del peso al dólar, a una tasa de 1 por 1. Desde entonces, la moneda se ha depreciado más de un 250%, hasta rondar los $ 3,50-4, habiéndose acumulado en el mismo período una inflación minorista cercana al 30%, y una mayorista que supera el 97%. “Esta variación entre el precio minorista y mayorista obligo al cierre de muchos establecimientos minoristas los cuales no pudieron afrontar las diferencias ni tampoco aumentar sus productos”.

La crisis ha tenido fuertes repercusiones sociales, pues la tasa pobreza subió del 37% en 2001 hasta alcanzar un pico del 58% hacia fines del 2002, y la tasa de indigencia se duplicó durante el mismo periodo. Un factor importante en esto ha sido la elevada tasa de desempleo que alcanzó el 18%.

La crisis económica afectó de manera particular a los servicios de infraestructura bajo régimen de concesión con el sector privado. La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 25.561 del 6 de enero del 2002 promulgó la “pesificación” 1 a 1 de las tarifas de estos servicios (aún las previamente definidas en dólares, o con cláusulas de ajuste referenciados a la economía norteamericana), así como la prohibición de indexarlas y la enumeración de los criterios a considerar al determinar reajustes contractuales. Estas disposiciones tuvieron un fuerte impacto en el equilibrio financiero de estas empresas, que afrentan unos US$8 billones de deuda extranjera, y dependen en diversos grados de insumos denominados en divisas.
Uno de los factores que más ha dificultado la búsqueda de un nuevo equilibrio financiero mediante el proceso de renegociación, ha sido la debilidad económica del consumidor residencial, lo que hace particularmente sensible cualquier ajuste de la tarifa. De hecho, las abundantes propuestas de tarifa social que han surgido a partir de la crisis, sirven para ilustrar la percepción general de que semejante mecanismo constituye un elemento importante de la salida de la presente crisis en los sectores de infraestructura.
En este sentido, la presente coyuntura ha puesto en evidencia la ausencia de un marco integral de política social para los sectores de infraestructura en Argentina, que permita amortiguar los impactos de cualquier aumento tarifario sobre los estratos más vulnerables de la sociedad. En realidad, esto se debe a que la dimensión social de los servicios públicos no estuvo muy ponderada en el momento de las privatizaciones.